La integridad pública se define como la actuación coherente, con valores, principios y normas, que promueve y protege el desempeño ético de la función pública, de modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines que se destinaron y se asegure un servicio público orientado al interés general y la generación del valor público.

La Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros es responsable de desarrollar los mecanismos e instrumentos para fortalecer la lucha contra la corrupción desde un enfoque preventivo y ejerce la rectoría técnica de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.